Ayotzinapa: la disyuntiva y la esperanza

Ayotzinapa es un catalizador que despertó a muchos sectores sociales, replanteado la política de seguridad y protección ciudadana y evidenciado lo “fallido” del Estado mexicano. El pánico nos había paralizado y preferíamos vivir en la indiferencia. La envergadura de esta crisis requiere de mucho análisis, a cuya clarificación quiero contribuir con esta reseña, desde la disyuntiva a que abre el conflicto. Me valgo del siguiente esquema, para describir los actores sociales implicados:CuadroUna sociedad secuestrada por la violencia

Desde que el presidente Felipe Calderón declaró la desafortunada lucha contra el crimen organizado, sacando el ejército a las calles, hemos sido víctimas de la situación propia de un país en guerra interna. Atendiendo a las cifras, en el presente sexenio de Enrique Peña Nieto los homicidios continúan siendo numerosos (57,899 homicidios. De los cuales, 36,718 dolosos)[1]. Igualmente, siguen las desapariciones forzadas (9,600) y han aumentado 5.6% los secuestros respecto al mismo tiempo del sexenio anterior (disminuyeron 6.8% respecto al año pasado) y las extorciones (650 a principios de año). La política de comunicación sexenal desalienta su visibilización, por razones publicitarias, lo que tiene cierto efecto positivo, pues la exhibición de cadáveres mutilados es una táctica criminal para provocar el pánico de la población para hacerla más pasiva. Aparentemente nos habíamos habituado a estos crímenes y preferíamos no mirar; pero subyacía el miedo y la impotencia. Peor aún, la modalidad actual es que las víctimas no pertenecen tanto a cárteles enemigos, sino a luchador@s sociales, periodistas o defensor@s de derechos humanos, cuya información apenas aparece en pequeñas notas periodísticas, a quienes se les fabrican delitos o se atribuían al crimen organizado. De este modo, dichas organizaciones criminales han resultado funcionales al sistema político. También afectan al sistema económico, pues no sólo las empresas “lavadoras” sino toda la economía queda infectada por el capital delicuencial.

Las víctimas, previamente estigmatizadas

Los 43 desaparecidos eran jovencitos campesinos que se preparaban para ser maestros que ayudaran a sus pueblos. No olvidemos que esta institución viene del Cardenismo, cuando fue un eje para llevar los logros de la Revolución a poblaciones incomunicadas. Jóvenes idealistas que convertían la escuela en pivote para el desarrollo rural. Ahora, tales escuelas se hallan olvidadas. De las 82 normales rurales que hubo, quedan sólo 16. Los maestros rurales tienen que desempeñar su actividad educativa en la penuria, muchas veces financiando ellos mismos las carencias. Los alumnos normalistas apoyan a sus maestros para obtener de las autoridades educativas los mínimos recursos necesarios a sus tareas, y los ideales revolucionarios originarios no se han perdido: en Guerrero fueron el espacio de formación de líderes guerrilleros como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, con todas las víctimas de la “guerra sucia” de los años 70’s. Los maestros de los Estados del Sureste, en especial los afiliados a la CNTE, se oponen a la reforma educativa, pues la consideran ajena a aquella realidad, que no requiere de formación para el Estado neoliberal (computación, inglés, matemáticas), sino de materias orientadas a aquella realidad cultural, donde es más importante la historia, la biología, el civismo… Los maestros requieren la mínima seguridad de una plaza, en entredicho con cada “evaluación” con criterios estandarizados. No extraña el recelo de las autoridades, comenzando con las educativas (Elba Ester Gordillo las calificó de “nidos de guerrilleros” y pretendió convertirlas en escuelas de turismo). Algunas de sus trasnochadas tácticas de lucha, hoy se les revierten (p.ej.: Oaxaca) y justifican su desprestigio social. Ya desde antes de su detención, pues, las víctimas habían sido ya previamente criminalizadas. El linchamiento de los media hacia los maestros rurales predisponía a la impunidad de una masacre, como en tantos casos del país.

Una radiografía del Estado

                El terror ante la masacre de Ayotzinapa evidenció lo que ya se sospechaba: los vínculos entre el crimen organizado y la política, mostrándose que no eran aquellos quienes hubieran sobornado a funcionarios de alto nivel, sino que era los políticos mismos quienes financian a los criminales para el trabajo sucio, a guisa de “paramilitarismo”, confiados en la cultura de impunidad y corrupción imperantes. Pronto se relacionó este caso con la masacre de Tlatlaya, donde quedó claro que militares asesinaron a supuestos delincuentes cuando ya se habían rendido, y que se intentó componer infructuosamente la escena, y todavía no conocemos la autoridad militar realmente responsable. No se trata de abusos ocasionales de algunos que hayan traspasado sus atribuciones, sino de crímenes de Estado, quedando este exhibido como “Estado narcoterrorista”. Nos quedó claro que el Gobierno no está preparado para las desapariciones forzadas (22,000 en los últimos años), pues no se cuenta ni siquiera con un marco legal que las penalice, ni con un banco de datos de ADN de los familiares de desaparecidos. La responsabilidad de la Federación se comprobó por las omisiones e indiferencia, tal como su tardía intervención seria, siendo así que en estos casos, las primeras 72 horas son cruciales…

Desde De la Madrid, pasando por Salinas y consumado por EPN, él Estado mexicano se incorpora al neoliberalismo, en servicio del Capital trasnacional (del que un tenue laso vincula con el capital ilegal “gore”). Con las últimas Reformas se entrega al extranjero los recursos que aún nos quedaban y que ahora serán arrebatados a pueblos originarios, ocasionando destrozos ecológicos. Se trata de extraerles a las clases populares lo más posible para favorecer al dinero, dando marcha atrás a reivindicaciones logradas: el mezquino salario, el desempleo, el nivel educativo, los niveles de pobreza… son los más bajos de los países de la OCDE; la economía no despega, el índice de crecimiento quedó mucho más bajo de lo esperado a inicios el año. En fin, mientras la imagen de México hacia los inversionistas extranjeros parece promisoria, quien paga los costos reales es el pueblo.

La crispación de una sociedad indignada

Ayotzinapa 3La presente situación de horror no nos paralizó esta vez. La gente perdió el miedo. La indignación brotó, y con ella la crispación. La respuesta de la sociedad fue inmediata y espontánea. Manifestaciones muy nutridas tomaron las calles. Se pronunciaron múltiples voces de todos los estratos y sectores sociales: universitarios, intelectuales, artistas, deportistas, empresarios, creyentes de diversas denominaciones, etc. El impacto en la opinión pública traspasó las fronteras, recibiendo adhesiones, no sólo de organizaciones internacionales de Derechos Humanos y de la sociedad civil, sino incluso voces de Gobiernos, como el Parlamento Europeo, autoridades de Estados Unidos y de Sudamérica, del Papa Francisco, etc. La sociedad expresaba su hartazgo: no es posible continuar con una política de seguridad que no garantiza la protección ciudadana. La indignación se acrecentó con las primeras respuestas oficiales: intentos fracasados de rápida solución y de explicaciones ingenuas, que no funcionaron. El distanciamiento y la poca importancia que el Presidente EPN parece dar a este acontecimiento, manifestado en su viaje a China y aunado al escándalo de su propiedad particular no registrada, incentivó a que la protesta ascendiera hasta pedir su renuncia. La sociedad civil ha ido madurando. Los padres de los muchachos desaparecidos tomaron el liderazgo y no aceptaron las versiones oficiales, descartadas por testimonios de ciudadanos locales. Las redes sociales y las universidades suplieron con creces la información manipulada de Televisa y de la prensa oficial.

La participación visible de cristianos –católicos y no católicos- en estos eventos ha sido muy significativa, pese a reducirse a grupos minoritarios. La Iglesia es otra institución que ha perdido credibilidad ante los recientes escándalos; pero en esta ocasión, al menos, dejó también oír su voz, que todavía conserva autoridad moral: varios obispos organizaron actividades en sus diócesis y la Conferencia Episcopal publico un pronunciamiento que hubiera gustado el uso de un lenguaje más teológico. La participación de religiosos y religiosas e importantes grupos laicales en las manifestaciones, fueron significativos y en general, bien vistos, pues la legitimación religiosa aún sigue operando y esto dificulta algo el pretendido descrédito hacia los inconformes. Nosotros tenemos un discurso teológico y ético que brinda razones para la protesta. Las situaciones sociales-límite suelen ayudar a replanteamientos de la fe y la custodia de la esperanza, cuando parece que no quedan ya salidas.

Los límites de las movilizaciones

Ayotzinapa evidenció que la sociedad ha perdido su confianza en las actuales instituciones: la Suprema Corte, que con argucias legaloides rechazó la consulta popular sobre la Reforma energética, y que con el mismo legalismo acaba de liberar a los últimos autores materiales de la masacre de Acteal[2]; la SEP se enfrenta a los estudiantes del Politécnico, que prefieren como interlocutor a Gobernación; los Partidos Políticos son superados y repudiados como asociaciones de lucro que no representan a sus votantes (en especial, el repudio fue más patente para el PRD, quien fue el que propuso como candidato a las autoridades de Guerrero y especialmente de Iguala). La desconfianza alcanza al Ejército, la policía, el INE, los sindicatos oficiales e incluso, a la Iglesia misma.

Las manifestaciones públicas en las calles de varias ciudades nacionales o del extranjero –pero especialmente las de Guerrero y del Distrito Federal-, entusiasman, dando la apariencia de que es un medio rápido para alcanzar objetivos. A mí me dan la impresión del “dejá vu”: el movimiento estudiantil del 68, cuando las impresionantes manifestaciones (menos numerosas que las actuales, pues había menos población), aún bajo amenaza de represión, se ilusionaban con estar a punto de tomar el poder, hasta que el Gobierno, en Tlaltelolco, mostró su fuerza represiva. Ayotzinapa ha despertado la conciencia; pero ahora se requiere escalar otro nivel más profundo y eficaz de lucha.

En efecto, al mismo tiempo que se manifestaron amplios sectores protestando contra este Estado, comenzó a articularse un discurso alterno. Durante los conflictos sociales caen las máscaras y era de esperarse que la aparente unanimidad inicial se rompiera. Entre los sectores dominantes pronto se despertó el miedo de que pudiera desestabilizarse el status quo que los beneficia y su miedo se extendiera hacia las temerosas e indiferentes clases medias. Los empresarios y voceros de los media, presionan al Presidente para que haga valer su autoridad e imponga el orden (por supuesto, el orden de los negocios, no el de la justicia). El ejército se muestra enojado y se prepara para medidas de fuerza. Peña Nieto se muestra disgustado, sobre todo después de que le hicieron deshacerse de su casa. Por supuesto, ahora, teniendo los ojos del mundo puestos en el país, no es posible una represión abierta, al menos mientras la televisión (véase “La Dictadura Perfecta”) no articule una justificación legitimadora para criminalizar la protesta y sembrar el miedo.

La indignación ética es la actitud compartida por diversos sectores de la sociedad. En general, la protesta la ha contenido para conducirla desde la no-violencia activa; pero dicha indignación, en sectores no tan concientes, puede degenerar en rabia y venganza. Los normalistas y maestros de Iguala -el sector más dolido- quemó el Congreso local y las sedes de los Partidos Políticos, símbolos de instituciones que ya carecen de credibilidad, y en las megamarchas de protesta en la capital, se repite una vez más el mismo esquema de siempre: misteriosos “encapuchados”, sedicentes “anarcos”, incendiaron la puerta del Palacio Nacional y provocaron otros disturbios violentos. Ahora el pueblo dispone de camaritas telefónicas, y por las redes sociales se muestran complicidades de estos actores sociales con la policía o el ejército, desenmascarándolos como provocadores infiltrados. Los organizadores tratan de aislarlos: piden no ir encapuchados (aunque sean fotografiados) y retirarse 5 metros de estos provocadores. De todos modos, la policía del DF arremete con la gente y aprehende a los que pueden, sin importar siquiera que no estén en el lugar de los hechos, ni lleven capucha. Los así capturados fueron entregados al Ministerio Público, que de inmediato les imputa graves acusaciones (delincuencia organizada, motín y homicidio en grado de tentativa). No se les permitió un abogado de su confianza, quedaron incomunicados y en dos días fueron recluidos en Centros de Rehabilitación en Veracruz o Tepic. La TV y los media oficialistas enfocan estos minúsculos grupúsculos y centran enfáticamente en la “violencia” la atención, con lo cual se intenta desprestigiar a las multitudinarias manifestaciones pacifistas y disuadir la participación en ellas.

Esto no sorprende, pues queda evidenciado que la política del Gobierno no se dirige a la protección de la sociedad, sino del dinero, del gran capital trasnacional. Esto obliga a desconfiar de los apoyos iniciales por parte de los sectores oficiales de países del Primer Mundo, pues a este Capital lo que le importa es que el Gobierno garantice seguridad para sus inversiones. Si Televisa y la prensa oficialista comienzan a ser infructuosas para manipular la opinión pública en creciente conciencia, queda la disuasión armada. El Ejército se encuentra sumamente molesto, pues en Tlatlaya, algunos soldados fueron entregados a tribunales civiles y se desacreditó su versión oficial de los hechos. Queda manifiesto que no permitirá que se modifiquen estructuras.

La disyuntiva y la esperanza

Ayotzinapa 1En el horizonte cercano se perfila la disyuntiva de dos posibles salidas a esta crisis. La deseable sería aprovechar este descontento generalizado y los apoyos externos, para emprender una verdadera reforma a fondo del Estado (Cárdenas propone una nueva Constitución) y una nueva política sobre la seguridad. Pero la otra posibilidad es que se refuerce este sistema de corrupción, impunidad y saqueo, sin interés por el pueblo, haciéndose la represión más sofisticada, con censura y represión selectiva y oculta. El Pacto por la Legalidad, el impulso hacia el Sistema contra la Corrupción y los cambios requeridos para la plena vigencia del estado de derecho propuestos por el Ejecutivo al Congreso, pueden no ser más que maquilla, cediendo a algunos cambios superficiales.

Todo conflicto puede ilustrarse como una parábola: la crisis lo desata y llega a cierto punto de mayor intensidad y polarización, después del cual, descenderá y encontrará cierta salida o solución. Si las demandas de los inconformes no quedan saciadas, esto puede derivar en otra situación de pre-crisis hacia un conflicto de mayor profundidad. Es quizás el punto en que estamos ahora. Las tareas para que la sociedad civil conciente y madura faciliten sus objetivos, ya no enfatizarán tanto las movilizaciones callejeras, que mucho han ayudado. Este tipo de movilizaciones, por su naturaleza misma, tienen una duración efímera. Lo que ahora se necesita es no bajar la guardia (dentro de unos meses podríamos tener otro Ayotzinapa) y pasar a un trabajo más organizado y a mediano plazo. Ayotzinapa es la punta de una enredada madeja de estambre, que siguiéndola, se puede descubrir otros niveles más altos de impunidad, corrupción y colusiones con el crimen. En este punto, los periodistas e investigadores tienen una tarea invaluable. No se trata de un conflicto local, sino que desde allí se constata la corrupción de todo el Estado mismo, que urge reconstruir. Las agendas son múltiples: restaurar un auténtico “Estado de Derecho”, garantizar los derechos humanos, decisión firme para una distribución más equitativa de la riqueza, cese de la impunidad y la corrupción mediante reformas al sistema judicial, superar una democracia representativa de acción sexenal mediante consultas y referéndums, etc. Esto requerirá de un largo proceso sostenido, sin confiar dichas propuestas a un Congreso cuya inoperatividad se ha evidenciado. Resulta imprescindible contar con la participación de la sociedad civil; pero sabiendo que esta transición no puede prescindir de las instituciones actuales y del Gobierno –por más que luego deban ser reformadas-, para no caer en utopismos anárquicos. De lo contrario, sólo quedará el autoritarismo y una dictadura, cínica pero oculta y la represión selectiva, que sería el peor y más peligroso camino. La disyuntiva está o en reforzar al Estado neoliberal, en beneficio del gran capital trasnacional -que a nivel global se evidencia como autodestructor del Planeta-, o la reforma del Estado, en favor del pueblo y del cuidado de los recursos naturales. Creo que difundiendo información, podrían sumarse sectores hasta ahora indiferentes.


 

[1] Reportajez: Semanario Zeta, Tijuana, (26 noviembre 2014), según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cotejada con las del INEGI.

[2] El obispo Felipe Arizmendi sugiere que debe llamarse “Suprema Corte Nacional de Legalidad”, que no de Justicia.

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2 pensamientos en “Ayotzinapa: la disyuntiva y la esperanza

  1. Estimado Padre Enrique, como acostumbra ud. -he leido un par de libros de su autoría-, hace aquí una exposición, puntual y atinada, en este caso, sobre el evento Ayotzinapa. Y como acostumbra tambien, muestra ud. su atención y pensamiento tendiente a aclarar, para el lector, los acontecimientos, vistos desde una perspectiva de quien sustentado por su orden sacerdotal, ofrece tambien la parte teológica sobre las señales de los tiempos. Sabemos que la oración es parte importante para, con su efectividad de poder anhelante, reparar crísis existenciales. Y como reza el refrán: “A Dios rogando…” Le envio mis FELICITACIONES por el 50 aniversario de su ordenamiento.

  2. Estimado Padre Enrique.

    En verdad me da mucho gusto conocer sus comentarios sobre el caso Ayotzinapa (que considero será un parteaguas y referente obligado de este sexenio).

    Gracias por utilizar los medios electrónicos para difundir este acontecer del país desde su siempre encomiable perspectiva Teológica y Social.

    Saludos cordiales,

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