Reformas, Constitución y nuevo Estado

Dos acontecimientos marcaron políticamente el 2014: las “reformas estructurales” y el caso Ayotzinapa. Ambos resultan inseparables y no se puede estudiar el uno sin el otro. Las reformas constitucionales, producto del “Pacto por México”, merecieron que el Presidente Peña Nieto fuera saludado por la prensa extranjera como el “gran estaTimesdista”, incomprendido por un país anclado en la tradición. Pero al poco tiempo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desbarató aquella imagen, poniendo al descubierto el horror que padecemos (del “Mexican moment”, como calificó The Economist, el mismo diario pasó al “pantano mexicano”). La apresurada e inconsistente “verdad oficial”, con la que la PGR dio por cerrada su investigación, sólo aumentó la poca credibilidad de EPN. ¿Será que la contrapuesta valoración –éxito y fracaso- de este Gobierno se debe a que existen dos méxicos distintos en un mismo país? ¿O es Ayotzinapa el precio de las “Reformas”? Reconociendo que en nuestra parchada Carta Magna actual queda ya muy poco del espíritu del Estado de la Revolución Mexicana ¿No se estarán enfrentando dos proyectos antagónicos de Estado, ambos  alternativos a dicho modelo postrrevolucionario? ¿Hay condiciones para un nuevo Constituyente? El 5 de febrero, aniversario de nuestra Constitución, motiva la siguiente reflexión.

Reformas, Constitución y nuevo Estado

Necesitamos recordar algunas nociones básicas de teoría política para responder estas y otras interrogantes. Partiremos recordando nuestra noción de “Estado”. A lo largo de la historia ha habido diversas formas cómo los integrantes de las colectividades se relacionan en torno al poder y a la autoridad. La forma más evolucionada es el Estado, es decir, una persona jurídica formada por una colectividad política para atender a sus necesidades y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción, de modo que quede claro quién tiene el monopolio legítimo del poder en determinado territorio. Como es sabido, el Estado no se identifica con el Gobierno, pues éste es el conjunto de organismos políticos y personas que dirigen el Estado y sus funciones. Tampoco con el régimen o formas que puede asumir el Estado (monárquico, absolutista, republicano).

La formación de calegoría del Estadoualquier Estado es producto de conflictos de intereses grupales, especialmente entre las clases sociales fundamentales. El Estado se estructura, entonces, por el poder de dominación que un grupo ejerce sobre toda la colectividad. Por supuesto, que difícilmente un solo grupo puede lograr una dominación total, sin hacer concesiones a otros grupos aliados, con los cuales establece un “pacto social”. Se forma así un “bloque histórico” dominante, el cual, no tendrá capacidad de dirigencia si se sostiene por la pura coerción. Necesita de un nivel mínimo de aceptación o consenso, es decir, una hegemonía social, lograda por la difusión de un reforzamiento ideológico que la legitime (actualmente, la construida por los “media”). Además, tiene que lograr satisfacer -al menos mínimamente- las necesidades básicas de todos, y en el Estado liberal moderno, un Estado de Derecho que limite a quien gobierna, de modo que lo haga dentro de las atribuciones que le permite la Ley, en especial, aquellas fundamentales plasmadas en una Constitución.

 

Obviamente, una Constitución no es inalterable -como tampoco lo es la correlación de fuerzas, siempre sujeta a vaivenes-, por lo que la cambiante situación histórica requiere siempre de ajustes y reformas. Cuando tales reformas se dan dentro del espíritu que inspirara el proyecto inicial de nación, entonces simplemente la Constitución se adecúa a la nueva situación. Pero podría suceder que ciertas reformas vayan dirigidas a ir alterando aquel “pacto social” original. Entonces las reformas resultarán “parches” incongruentes. A su vez, esto podría encaminarse en un doble sentido: o bien, en sentido “progresista”, cuando la nueva correlación de fuerzas empuja el régimen político hacia un nuevo sujeto histórico que conquiste mayores reivindicaciones para toda la colectividad (económicas y políticas); o bien, en sentido “regresivo”, volviéndose hacia sujetos históricos del pasado, y entonces se hablará de “contrarreforma”. Por eso, para juzgar cualquier reforma es importante reconocer la clase social que resulte más beneficiada.

Ayotzinapa

La Constitución de 1917 fue producto de la Revolución Mexicana, movimiento que modificó substancialmente el régimen oligárquico del Porfiriato. El “sujeto histórico” que condujo y resultó vencedor en este movimiento armado fue, según varios analistas, la burguesía nacional, la cual arrebató la hegemonía a la clase agroexportadora vinculada al capital extranjero. Sin embargo, dada la importancia revolucionaria que tuvieron los campesinos y los obreros conducidos por Villa y Zapata, el sector dominante tuvo que pactar con estos movimientos beligerantes, formándose así un nuevo “bloque histórico”, con fuerza suficiente para contener al bloque anterior, a cambio de hacerles a los sectores populares algunas concesiones, al tiempo que los controlaba. El modelo económico al que esto dio lugar -el llamado “desarrollo estabilizador”- fue bastante exitoso: el “milagro mexicano” de Beteta -de crecimiento sin inflación- resultó funcional hasta 1968. El movimiento estudiantil de aquel año fue el catalizador de la inconformidad de las clases medias urbanas, cuando el modelo ya no pudo seguir satisfaciéndoles sus reivindicaciones. Hubiera sido aquEstado mexicanoel un buen momento para ir más a fondo en un proyecto social que limitara más a dicha burguesía nacional y diera mayor autonomía de los sectores populares organizados; pero entre tanto, la economía mundial se iba ya estructurando en beneficio del gran capital mundial.

Los tres sexenios posteriores prepararon el cambio hacia este nuevo modelo económico más agresivo –el Neoliberalismo- que se consolidó con Salinas. Basado en la libertad irrestricta de comercio y en la propiedad privada elevadas a valor absoluto, permite insensatamente a una “superclase”-hoy “global”- que concentre prácticamente toda la riqueza mundial: según la importante organización Oxfam,  para 2016, el 1% del Planeta (72 millones de personas) poseerá una riqueza mayor que la del 99% de la población restante (7,250 millones). Protegida con la manipulación comunicativa de grandes cadenas mundiales, un sofisticado sistema de espionaje y el armamentismo “inteligente” norteamericano, se constituye “de facto” como un gobierno mundial. Los tradicionales Estados-nación liberales pierden su autonomía, y si subsisten, es sólo porque resultan funcionales a dicha “superclase”. Sus gobernantes obedecen a sus dictados, comprados por corruptas prebendas o presionados por ejércitos vinculados a la DEA, por lo que sus fuerzas armadas bien pueden calificarse como “ejércitos de ocupación”.  Este es el nuevo Estado que –no sin resistencias- pretende imponerse a nivel mundial.

Es desde este contexto global que deben analizarse las recientes reformas constitucionales y sus leyes secundarias, logradas con el concurso de un Congreso condicionado por el “Pacto por México”. Las áreas a ser reformadas, ciertamente, necesitaban de cambios legales ante una situación mundial inédita. Aparte de inercias y atavismos, la dinámica mundial se había modificado profundamente en relación con la situación histórica de los inicios del siglo XX. Pero estando la mitad de los habitantes del país en situación de pobreza –un 20% en pobreza extrema-, un Gobierno patriótico, preocupado por la soberanía nacional y por las necesidades de las mayorías, hubiera tratado de resistir la hegemonía global, tal como lo han intentado otros países del sur del subcontinente. Las reformas, entonces, habrían procurado atender el espíritu de nuestra Constitución de 1917, prestigiada por nuestra historia de un siglo, o incluso, avanzar hacia mayor sentido social, como lo pienso exponer en sucesivas entregas a mi blog.

Naturalmeneoliberalismonte, argumentos ideológicos no faltan. La economía tiene sus mitos, y uno de ellos consiste en que se le considere como una “ciencia dura” (como la física), por lo que contrariar sus sacrosantas leyes ocasionaría un grave daño. Otro mito es que “antes que repartir riqueza, primero hay que producirla, y que después, de forma automática, la riqueza se escurrirá beneficiando a toda la población”. Otro más es tachar de “populismo” irresponsable a cualquier política auténticamente social… En realidad la economía depende de factores extraeconómicos, es decir, políticos. Económicamente, es viable organizar los recursos de un país de abajo hacia arriba, de modo que las mayorías satisfagan lo mejor posible sus necesidades básicas; pero también lo es organizarlos de arriba hacia abajo, de modo que la “superclase global” y sus virreyes nacionales obtengan la maximalización de su ganancia. Al elegir esta segunda alternativa, desde hace unas tres décadas, México ha estado sujeto a “contrarreformas” respecto al Estado de la Revolución Mexicana. Atrapados por el TLCAN, sin consultarnos a la sociedad y casi sin darnos cuenta, se nos fue imponiendo este nuevo Estado neoliberal.

Ayotzinapa se convirtió en la radiografía que desenmascara el funcionamiento oculto de nuestro sistema político mexicano. Aunque lo intuíamos, quedan ahora patentes: a quien sirve la clase política y su poco espíritu patriótico, reflejado en la entrega de nuestros energéticos; la pérdida de confiabilidad deReformas, Constitución las instituciones políticas; la omnipresente corrupción, empezando desde el Ejecutivo mismo (Grupo Higa); la torpeza operativa de sus operadores, la evanescencia ideológica de los Partidos, la poca representatividad del Congreso; la venalidad de un poder judicial que solapa la impunidad de los poderosos y se ceba en los pequeños delincuentes; la violencia genocida hacia líderes comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos; la poca confiabilidad del sistema electoral, la colusión de policías, políticos y empresarios con el crimen organizado, la gran desigualdad e injusticia económicas, el poder manipulador de Televisa, el hermetismo del Ejército, la ausencia del Estado en algunas regiones del país, la deficiencia educativa y el poco apoyo a las normales rurales; la crítica situación de la macroeconomía, el endeudamiento, el desempleo y las pésima remuneración laboral; el descuido de la salud social, la penetración norteamericana y el sometimiento de México a la política migratoria de nuestros vecinos…..

Vistos desde Ayotzinapa, los supuestos beneficios “modernizadores” no pueden ocultar la verdadera finalidad de las “reformas constitucionales”. Publicitadas como portadoras de beneficios sociales, tales “reformas” en realidad traicionan el espíritu de la Revolución Mexicana. Si había que hacer reformas para adecuarnos a la realidad mundial, su legitimidad radicaría en que fueran más allá de la propuesta por el Constituyente de ella surgido. Habemos muchos ciudadanos que vemos con temor y preocupación cómo nuestro país se hunde y que piensa que las “reformas” del sexenio, nos colocarán en situación de empobrecimiento y dependencia mayores. Ante la inoperancia del Congreso, a un gran sector de los ciudadanos les parece ya insuficiente el presente modelo de democracia representativa y creen que con la tecnología actual, podría darse más cabida a la participación ciudadana directa (referéndum, consultas, plebiscitos, etc.).

La refundación del Estado

Superar todas las contradicciones anteriores será posible con un nuevo pacto entre diversas fuerzas, que desemboque en un nuevo Constituyente, y que sea expresión de un nuevo Estado social. Es lo que algunas voces reconocidas proponen, comenzando por la de Mons. Raúl Vera, Don Pablo González Casanova y otros militantes, algunos de explícita confesión cristiana. La sugerencia no deja de ser interesante; pero hay que examinarla desde diversos planos, para lo que humildemente aporto lo siguiente:

  • EConstitución polítican el plano de lo ideal-utópico.- Sería deseable un nuevo Constituyente alternativo, un nuevo marco legal fundamental autónomo que garantice realmente, desde el pueblo y para el pueblo, la soberanía nacional, el Estado de Derecho, el respeto de “todos los derechos para todos”, la justicia distributiva y legal, la participación ciudadana, la defensa de nuestros recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, la movilidad de políticos con vocación de servir y no como negociantes desde el poder público, etc. Esto puede ser el ideal al que muchos aspiramos. Pero esto no podrá darse sin la construcción (o “refundación”) de un nuevo Estado alternativo.
  • En el plano de lo probable.- Las Constituciones de 1857 y de 1917 sólo fueron posibles mediante fuertes confrontaciones armadas. Para concertar otro verdadero “pacto social”, no se puede desatender al poder de otros sujetos sociales antagónicos; no podemos ignorar la desigual correlación de fuerzas en la situación actual, incluyendo agentes externos (los llamados “poderes fácticos”), ni desconocer el poder ideológico de los media (particularmente la TV), para la manipulación de las mayorías temerosas, indiferentes, desinformadas, “anestesiadas”; tampoco olvidar nuestro fuerte endeudamiento, la dependencia económica y nuestra ubicación geográfica, con 3,000 kms. de frontera con la principal potencia militar del mundo. Además, para que la propuesta de una nueva Constitución sea efectiva, no se quede en mero discurso proclamativo y no caiga en un utopismo anárquico, el proceso de elaboración tendría que darse dentro de los cauces institucionales existentes, tal y como están. ¿Hay condiciones para ello?
  • En el plano de lo posible.- Con la cabeza en el plano ideal; pero con los pies en el plano probable, habría que pensar ¿qué se necesitaría para desencadenar un proceso encaminado a esta meta? ¿cuáles serían objetivos temporales, seguramente planteados a largo plazo, y cuáles serían sus fases y tiempos sucesivos (tal y como plantea la propuesta)? ¿a qué sujetos sociales se podría convocar como aliados, aún al precio de ciertas concesiones? ¿qué estrategias de resistencia se prevén que enfrenten tan fuertes oponentes? Todo esto supone intensa labor política.

 5 de feb

Por lo pronto, al corto plazo de la coyuntura electoral, queda para el debate: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, entre dar un mensaje de alto impacto, promoviendo el abstencionismo electoral masivo -a riesgo de abandonar a la Derecha corrupta útiles posiciones institucionales-, o bien, tratar de ganar más posiciones, para que desde ellas se pueda el día de mañana apoyar este proyecto? Es necesaria la reflexión desapasionada. Tenemos delante una tarea ingente; pero no puede desaprovecharse el despertar social desencadenado por Ayotzinapa, para acumular más fuerza y preparar un programa organizativo para un futuro, que se desearía no fuese demasiado remoto.

 

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